¿Dónde situarnos para filmar abriendo senderos de justicia. La sentencia y comisión de Ayotzinapa?1

Recepción: 11 de junio de 2020

Aceptación: 26 de agosto de 2020

Resumen

Este texto presenta una revisión sobre la manera como se realizó la investigación y producción del documental Abriendo senderos de justicia. La sentencia y comisión de Ayotzinapa. Muestra las perspectivas analíticas y los enfoques narrativos que se fueron asumiendo en diferentes etapas de su creación. En ese sentido, trata de evidenciar el proceso de involucramiento subjetivo o compromiso político-ético de los investigadores y productores en el Movimiento de Ayotzinapa. Explica también la importancia de una sentencia inédita y alentadora para este movimiento por su creatividad jurídica en el campo de lucha de los derechos humanos en nuestro país, así como de una comisión que recupera dicha creatividad en la coyuntura del gobierno de López Obrador, más allá de las dificultades que ha enfrentado.

Palabras claves: , , , , ,

Where do we stand to shoot abriendo senderos de justicia. la sentencia y comisión de ayotzinapa?

This text presents a review of the investigation and production of the documentary Abriendo Senderos de Justicia (Opening Paths of Justice. The Ayotzinapa Sentence and Commission). It shows the analytical perspectives and narrative approaches taken in the different stages of its creation. In this sense, it tries to show the researchers and filmmakers in the Ayotzinapa Movement’s process of subjective involvement or political and ethical commitment. Additionally, it explains the importance of an unprecedented and uplifting sentence for this movement due to its legal creativity in the field of the struggle for human rights in our country, as well as of a commission that recovers said creativity during the government of López Obrador, beyond the difficulties it has faced.

Keywords: Ayotzinapa, Ayotzinapa sentence, Ayotzinapa commission, Parents of the 43, anthropological reflexivity, political commitment.


La forma como estamos involucrados los investigadores, analistas y videoastas en los temas que analizamos y documentamos se reconoce cada vez más como un elemento esclarecedor del proceso de gestación del conocimiento social. En este texto reviso brevemente algunos pasajes de la trayectoria que he recorrido al lado y dentro del Movimiento de Ayotzinapa, la cual me llevó a investigarlo, así como dirigir y producir junto con otros colegas y estudiantes el documental Abriendo senderos de justicia. La sentencia y comisión de Ayotzinapa. Foco de atención tendrá sobre todo una sentencia inédita por su gran imaginación jurídica en el campo de lucha de los derechos humanos en nuestro país, así como una comisión que recupera en la coyuntura actual esa imaginación, más allá de sus avatares. Revisar esos pasajes me impone recuperar aspectos subjetivos de toda la trayectoria, en un giro de 180 grados, para ver hacia atrás y reflexionar sobre el lugar en que me fui situando en este proceso de casi seis años de lucha del Movimiento de Ayotzinapa; este giro requiere explicitarme a mí misma y frente a un lector las posiciones políticas y perspectivas analíticas adoptadas en el proceso de investigación. Asimismo obliga a reconocer los enfoques narrativos, ángulos de videograbación y edición cinematográficos que fuimos problematizando juntos todo el equipo de investigación y producción, lo cual generó perspectivas particulares que fui asumiendo como directora de manera más consciente, aunque no exenta de inquietud y contradicciones en este caminar.

En ese sentido, este texto es un breve ejercicio de reflexividad (Guber, 2012) que trata de evidenciar este proceso de investigación y creación documental como un conocimiento situado, concreto, alejado de toda pretensión de universalidad, neutralidad y asepsia afectiva, política o metodológica (Haraway, 1988; Cruz et al., 2012), marcado por nuestra subjetividad y la de nuestros interlocutores permanentes en el Movimiento. Intenta asomarse a ciertos condicionantes de toda producción/exposición de conocimiento social, a su parcialidad, con la idea de que asumirla procure rigor científico y ético (Clifford, 1986).

La lucha de los 43 y del Movimiento de Ayotzinapa-una batalla propia

A las pocas semanas de iniciarse la gran movilización contra la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa y el asesinato de 6 personas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, empecé a participar en ella. El aumento de casos de desaparición forzada en México que han quedado en la impunidad en las últimas décadas era motivo de preocupación política para mí. A eso contribuyó que se supo pronto que habían sido policías los que habían secuestrado a los estudiantes, lo cual me despertó, como a la ciudadanía movilizada, indignación y rabia gigantescas. Esta rabia fue compartida a nivel mundial en las calles y en las redes sociodigitales (Rovira, 2015).

El movimiento generó una comunidad política o en litigio, en términos de Rancière (1996), un espacio de enunciación política inédito alrededor del tema de las desapariciones forzadas en México, la corrupción y la impunidad. Dicha comunidad no estaba conformada solamente por las madres y los padres de los 43, los movimientos de desaparecidos, de derechos humanos, sino por múltiples sectores sociales, estudiantes, profesores y colegas como yo, empleados, profesionistas, amas de casa, entre otros, los cuales se colocaron en el lugar de los desaparecidos, de sus familiares, en el lugar de un desagravio fundamental para demandar justicia.

A los pocos meses, en enero de 2015, la Procuraduría General de la República (pgr) fabricó una versión de los hechos. Señaló que los 43 estudiantes fueron detenidos por la policía local y entregados a un grupo del crimen organizado y concluyó que los estudiantes fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula y después arrojados en el río San Juan. La versión fue llamada por el propio Procurador Murillo Karam “verdad histórica”, para cancelar cualquier puesta en duda. Esta narrativa circunscribía el hecho a una ciudad y se culpaba sobre todo al crimen organizado local y a autoridades locales. No reconocía la participación de otras policías estatales, federales, ni militares. Se trataba de un secuestro y no desaparición forzada.

Las madres y padres de los estudiantes la rechazaron inmediatamente por falta de evidencias y el equipo argentino de Antropología Forense confirmó también que en ese basurero no se había incinerado a los 43. Múltiples organismos de derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional pusieron en duda las averiguaciones de la Procuraduría, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta el giei (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos organismos confirmaron además que hubo intervención de la policía estatal y federal en la desaparición forzada, así como presencia o participación militar.

Durante todo ese periodo las movilizaciones en las calles y en las redes sociodigitales no pararon. A los pocos meses de constituirse ese movimiento y esa gran comunidad de la que me sentía parte, fue para mí una especie de ritual ir aproximadamente cada 26 de cada mes a la marcha que salía del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez y a veces hasta el Zócalo, para pedir justicia para los 43 estudiantes desaparecidos. Antes de ir a las marchas le hablaba a mi padre: él expresaba su alegría de que yo fuera, como si de esa manera él me pudiera acompañar también y apoyara así directamente la lucha de los 43. Esa lucha se convirtió en algo propio: ¿desde qué lugar?

Nunca me incorporé a los contingentes universitarios, en los que claramente hubiera cabido por mi adscripción de profesora universitaria. Yo recorría la marcha desde el principio hasta el final, como si fuera una especie de reportera o investigadora buscando un objeto de estudio, sacaba fotos de los contingentes, de las lonas, reproduciendo lo que había realizado en otras investigaciones de otros movimientos que había estudiado: el de Atenco (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra) y el de la appo (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), en los que investigaba los símbolos que portaban, los nombres de los contingentes que marchaban, sus consignas, entre otros (Zires, 2006 y 2017). Pocas veces subí las fotos a las redes sociales como otras colegas, dada mi impericia, aunque las pasaba a amistades, ya que me parecía importante ayudar a la visibilización del movimiento.

El caso de Ayotzinapa me resultaba y me sigue pareciendo emblemático por lo que permitía y permite ver: el íntimo entramado de intereses entre el Estado y el crimen organizado. Un lema con sus frases repetitivas que habían surgido desde el principio del movimiento, las hice mías: “Es un crimen de Estado”, “Fue el Estado”. La lucha de las madres y padres de los 43 que encabezaban el movimiento de Ayotzinapa me tocaba e interpelaba desde múltiples lugares: como parte, aunque sea mínima de ese activismo global, como estudiosa de movimientos sociales y como analista desde los noventa de la apropiación del símbolo guadalupano en diferentes entornos culturales y contextos de lucha social, como profesora de estudiantes cercanos en su edad a los de Ayotzinapa, como madre de tres hijos y abuela de nietos que no querría que vivan en un entorno político donde la desaparición tiende a ser normalizada dada su casi total impunidad. Estar ahí en las marchas me hacía bien. No se trataba para mí de un acto de solidaridad con los padres, sino de un acto de agradecimiento a ellos por levantarse por todos los mexicanos que no estamos de acuerdo que este orden social de impunidad se extienda más.

Hallar “un objeto de estudio”: las marchas-procesiones a la Villa y la lucha de los 43

Al poco tiempo de asistir a las marchas de las madres y padres de los 43 me llamó la atención no encontrar símbolos religiosos, sabiendo que muchos de ellos eran católicos. Sin embargo, pronto me enteré que había una liga menos evidente entre la lucha política de los padres de los 43 y el símbolo guadalupano por relatos de otras personas que habían estado en la propia Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: existía un altar con símbolos religiosos y con la imagen de la Guadalupana y algunas veladoras en el patio de la escuela, lo cual hablaba de prácticas religiosas realizadas frente a éste, de las cuales me llegaron a hablar las mismas madres y padres. Además, a partir del 26 de diciembre de 2014 empezó a realizarse la marcha de cada 26 de diciembre de la glorieta de Peralvillo a la Basílica de Guadalupe, en una especie de ritual que mezclaba la protesta y la procesión, ritual que han venido realizando hasta 2019. A esas marchas-procesiones entonces comencé a ir a partir de 2015 en un plan más investigativo.

Fui tomando contacto con ellos, con sus voceros; empecé a ser una cara reconocible para algunos. Esto trajo un cierto cambio en mi relación con el movimiento de los padres. Mi interés de realizar una investigación a partir de mi primer involucramiento tomaba más empuje y me llevó a establecer una demanda a algunos de las madres y padres: platicar sobre la historia de su religiosidad y la utilización de algunos símbolos religiosos en la lucha, la existencia de algunos rituales religiosos colectivos durante su larga lucha.

Pero este tema, aunque era para mí muy relevante en mis investigaciones pasadas, presentes y seguramente futuras, pasó a segundo término ante el surgimiento de una sentencia innovadora que revolucionaba la manera de enfocar casos de desaparición forzada en nuestro país.

Sorpresa ante una sentencia inédita a favor del caso de Ayotzinapa

A finales de mayo de 2018 unos magistrados de un Tribunal de Tamaulipas (Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito)2 dictaron una sentencia inédita en relación con el caso de Ayotzinapa que ordenaba la creación de una Comisión de la Investigación de la Verdad y la Justicia, debido a un amparo que pidieron algunos inculpados alegando haber confesado ser culpables bajo tortura. Poco antes, en marzo de 2018, también el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas había denunciado tortura precisamente en el caso de Ayotzinapa. Estaba muy entusiasmada, pero sobre todo sorprendida. No lo podía creer. Inmediatamente lo difundí en un grupo de whatsapp de solidaridad por “Ayotzi” para preguntar si era verdad o una noticia falsa. Algunos integrantes estaban impactados positivamente, pero mostraban dudas.

Estaba claro que los magistrados no se circunscribieron al caso de tortura y señalaron que había demasiadas irregularidades en todo el proceso de indagación; la investigación, según ellos, no había sido ni inmediata, ni efectiva, ni independiente, ni imparcial, lo cual los llevaba a que cuestionaran la versión oficial y ordenaran la creación de esta comisión de la Investigación de la Verdad y la Justicia que debía estar integrada por 1) las familias y los representantes de las familias de los 43; 2) la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 3) organismos internacionales de derechos humanos, y 4) el Ministerio Público que debía atender las propuestas de
líneas de investigación de las otras instancias. Se colocaba en el centro
de la comisión a las víctimas y sus defensores. Esto transformaba la forma como se debe tratar las violaciones a los derechos humanos.

La sentencia se fundamentaba en la Constitución y en los Tratados Internacionales de derechos humanos firmados por México. Era revolucionaria, estábamos todavía bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional, del gobierno del Presidente Peña Nieto, en el cual se cometió esta infamia de los 43, pero se vislumbraba ya una posible victoria del candidato López Obrador, una ventana a otro horizonte. Yo consideré en ese momento y considero todavía ahora que este contexto contribuyó a su posibilidad, estar en un interregno.

Conviene subrayar además que esta Comisión no es sólo de Verdad, como las que han existido en otras regiones en América Latina como las comisiones emblemáticas del Cono Sur o las más recientes como la de Colombia después de los Acuerdos de Paz de 2016 (Doran, 2020: 54-55) y que se estuvieron proponiendo por instancias del gobierno electo en México en 2018 (que no están vinculadas necesariamente con la justicia). La Comisión propuesta por la Sentencia del Tribunal de Tamaulipas es una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia, por lo tanto, tiene implicaciones jurídicas penales.

Al comentarlo con una amiga especialista en comisiones de la verdad en América Latina, Marie-Christine Doran (profesora e investigadora de la Universidad de Ottawa), inmediatamente lo celebró. Estaba claro que la sentencia podía tener una gran potencia para México al generar jurisprudencia para otros casos de violaciones graves a los Derechos Humanos en el país y otros países latinoamericanos. Surgió el interés de Marie-Christine y mío de convertirlo en un objeto de estudio académico.

Sin embargo, la sentencia generó inmediatamente múltiples impugnaciones del régimen de Peña Nieto, aproximadamente 200 recursos en su contra (de parte de la Procuraduría General de la República (pgr), del Poder Ejecutivo, Legislativo, Fuerzas Armadas, etcétera) planteando su inconstitucionalidad e imposibilidad de ejecución o cumplimiento. Entre una de las razones más fuertes que argumentaban estaba que se le quitaba al Ministerio Público el monopolio de la investigación penal (Animal
Político
, 2018)3. Este recurso en contra lo retoma el Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, el cual, aunque de menor jerarquía, señala que no se puede cumplir la sentencia. Sin embargo, muchos de los recursos en contra de la sentencia son clarificados y desechados por el Primer Tribunal Colegiado, el cual vuelve a ratificar y ampliar dicha sentencia en septiembre de 2018, señalando que se puede cumplir y no es inconstitucional. Sin embargo, la pgr nuevamente apeló la sentencia y por esta razón se giró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual todavía hasta la publicación de este artículo se encuentra revisando el caso.

Demanda de padres y sus defensores para apoyar la conformación de la comisión

En ese contexto, el Movimiento de los Padres de los 43 se posiciona inmediatamente a favor de la sentencia de Tamaulipas para que se conforme la Comisión de Investigación por la Verdad y la Justicia a principios de junio de 2018, así lo declaran también en sus discursos públicos y mítines en sus marchas posteriores, los días 26 de cada mes. Vidulfo Morales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y defensor del movimiento, acompañado por uno de los padres, Emiliano Navarrete, llama a los estudiantes y académicos en un recinto de la uam Xochimilco el 27 de septiembre de 2018 a solidarizarse: “Nosotros repetimos, vamos a retomar esa Comisión de la Verdad, y esa Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia es importante para nosotros, les pedimos que puedan acompañarnos a los padres de familia, para impulsar y empujar esta Comisión de la Verdad”.

A raíz de esta petición es que algunos de los estudiantes organizadores de ese acto (Aldo Cicardi, Estefanía Galicia, Jennifer Nieves y Arturo Vázquez), así como Marie-Christine Doran y yo, interpretamos esa petición como una urgencia política que nos comprometía y entusiasmaba en dos sentidos: a realizar una investigación de corte académico y un documental de difusión amplia para dar a conocer esa sentencia inédita. Decidimos entonces hacer una investigación acerca de ésta, acerca de la comisión que proponía, el contexto en que había surgido, las reacciones que había generado, el sentido e interpretación que le daban las madres y los padres, así como la forma como se la apropiaban en su lucha.

Por otra parte, los estudiantes organizadores del evento cursaban la fase última de su carrera en la Licenciatura en Comunicación Social con un colega videodocumentalista independiente reconocido, Cristian Calónico, con Diego Vargas y conmigo. Además, estaban realizando su servicio social con Cristian produciendo audiovisuales. Ante la demanda del abogado de los padres, ellos estaban muy interesados en participar en la producción, grabación y edición del documental. Se sentían comprometidos con la causa.

Los maestros podíamos obtener el material de producción de parte de los Talleres de Comunicación de la uam-x, pero igual todos nosotros (estudiantes y maestros) podíamos colaborar prestando nuestras propias cámaras y medios de creación audiovisual cuando fuera necesario, tal como sucedió. Se trataba de un equipo de producción horizontal, en el cual, si bien yo asumí su dirección y los gastos de producción y edición más costosos, esa dirección no era vertical, sino fruto de diálogo y responsabilidad compartida; algunos gastos los compartí con Marie-Christine, y, otros, aunque aparentemente menores, fueron absorbidos por los estudiantes, lo cual mostraba su involucramiento; los egresados (Cyntia Kent y Erik Medina) que después se incorporaron me redujeron sus presupuestos también por su compromiso. En ese sentido, el proyecto para ellos se fue convirtiendo en un acto combativo, en un pequeño apoyo a la inmensa lucha que encabezan las madres, los padres y los defensores.

Inmediatamente hicimos contacto con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, quienes también llevaban el caso de los 43 junto con el Centro Tlachinollan y conocían detalladamente la sentencia. Entrevistamos a su director, en ese momento Mario Patrón, y a muchos de los padres y las madres. Todos mostraron entusiasmo. El hecho de saber que uno de sus defensores, Vidulfo, hubiera expresado públicamente su interés de que los apoyáramos en su lucha para que la sentencia se ratificara y se creara la comisión les daba confianza en nosotros. Hicimos entrevistas amplias con un grupo reducido de madres y padres y entrevistas más cortas que fueron videograbadas con un grupo más amplio de 22 madres y padres para el documental, donde hablaban acerca de la importancia de la sentencia.

Asimismo entrevistamos a uno de los estudiantes sobrevivientes de la escuela rural (Omar García) y al Magistrado ponente de Tamaulipas que creó la sentencia (Mauricio Fernández de la Mora), quien también mostró entusiasmo. La idea era explicar la sentencia, su importancia, los ataques que había sufrido y las esperanzas que encerraba a partir de las voces y las palabras de los mismos involucrados, evitando la voz en off o voz omnisciente, en la medida de lo posible.

Uno de los más importantes sentidos del video iba enfocado a presionar la ratificación de la sentencia dándola a conocer. Consideramos que convenía utilizar una estrategia narrativa convencional, donde las marcas de la producción y los productores del documental se borraran, siguiendo el patrón tradicional de las historias que parece que se cuentan solas. En algunas semanas teníamos gran parte del material grabado; sin embargo, no sabíamos cómo finalizarlo, ya que estábamos a pocas semanas de que el nuevo gobierno de López Obrador tomara posesión y no sabíamos si éste iba a acelerar la ratificación de la sentencia, lo cual podía ser retomado en el mismo video.

Este proceso de investigación y acción de difusión nos colocó en otro lugar: a mí me situó como parte tanto de un equipo académico, junto con Marie-Christine, como parte de un equipo productor junto con los estudiantes y colegas de la universidad, en una relación más cercana a la lucha de los 43. ¿Qué significaba?

Se transforma el “objeto de estudio”, se amplía. En las entrevistas extensas convertidas en conversaciones largas con las madres y los padres, tanto Marie-Christine como yo retomamos nuestras preocupaciones temáticas que iban más allá de la sentencia: la criminalización de la protesta y la religiosidad de las madres y los padres, sus visitas a la Basílica, el papel de diferentes sectores de la Iglesia y su movimiento, junto con los temas propios y permanentes de las madres y los padres; su dolor y sufrimiento, las dudas por el camino recorrido, sus esperanzas en la sentencia, en un clima de mayor diálogo que el que yo había establecido antes. La relación se hizo más horizontal: los nombres de ellos aparecen no sólo en mi lista de contactos telefónicos como yo en la suya, y empezó un intercambio más afectivo con algunos de ellos: Cristina, Mario, María, María de Jesús, Hilda e Hilda, Felipe, Melitón, Emiliano y otros nombres.

Cuando pasa más tiempo y mi padre muere, me doy cuenta de lo que significaba para mí ir cada 26 de mes y llamar a mi padre como parte de ese ritual. El 26 de noviembre de 2019 llegué totalmente compungida a la marcha, ya no estaba mi padre para hablarle y “me cayó otro veinte” de su ausencia. Cuando Mario González, padre de César Manuel González Hernández, me pregunta cómo estoy, se lo explico y me suelto llorando; él me abraza fuertemente y consolándome con algunas palabras, me dio a entender que lo podía comprender, como yo comprendía lo que ellos vivían; sentí un abrazo colectivo infinito, una verdadera reciprocidad que logro volver a sentir al estar escribiendo estas palabras. Después del mítin, pedí otros brazos también a Cristina Bautista, Hilda Legideño y a María Martínez, que sellaron ese primer abrazo. Regresé a mi casa, sin duda, con más paz. Me di cuenta que no sólo el horizonte de la lucha y la búsqueda de otra justicia me unía a ellos. Más allá de nuestras realidades socioeconómicas y culturales tan diferentes había algo afectivo, cálido que resulta difícil describir y que no calculaba comunicar aquí cuando empecé este escrito.

Nuevo gobierno, nueva Comisión de Investigación y sentencia en el limbo

A tres días de la toma de posesión del nuevo gobierno, el presidente López Obrador decretó la creación de una comisión, que es instalada el 15 de enero de 2019, titulada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, presidida por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, cuya composición se asemeja a la que decretaba la sentencia de Tamaulipas. Coloca también a las víctimas, a los padres de los 43, en el centro de la comisión, y a sus defensores, los centros de derechos humanos que los han acompañado, y propone que regrese una comisión de expertos internacionales ligados al caso. Participan también las Secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores. Se plantea desde su instalación que se seguirán todas las líneas de investigación planteadas por los organismos internacionales de expertos independientes y las que habían quedado truncas por parte del poder judicial.

En ese sentido, la declaración de Encinas fue contundente: “No queremos casarnos con la verdad histórica. Nosotros partimos de una idea, la única verdad es que no hay verdad sobre el caso Ayotzinapa, y hay que descubrirla, hay que conocer cuáles fueron los hechos y qué pasó con los muchachos, y en ese sentido, todas las líneas están de nueva cuenta abiertas”.

Sin embargo, la comisión, al tener un origen presidencial, no tenía las mismas facultades penales, no participaba el Ministerio Público. En su instalación se menciona la necesidad de que se cree una fiscalía especializada en el caso que dependería de la nueva Fiscalía General de la República, la cual tarda seis meses en establecerla. A pesar de ello, es de reconocerse que se selecciona un fiscal considerado por Gobernación y la opinión pública como alguien muy adecuado para el cargo por su conocimiento profundo del mismo caso, al haber estado trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh): Omar Trejo.

Durante todo ese tiempo, algunas madres y algunos padres muestran señales de impaciencia, dan a conocer en sus marchas y en pláticas conmigo que la llegada de los expertos internacionales4 estaba tomando demasiado tiempo y que en general la comisión presidencial avanzaba muy poco. Por ello, a los nueve meses de instalada ésta y después de cinco años de ocurrida la tragedia de la desaparición de sus hijos, se nota una fuerte desesperación en ellos, alternada con el sentimiento positivo de sentirse escuchados por el Presidente en algunos encuentros con él, y por la Secretaria de Gobernación.

El foco de ataque de las madres y los padres en sus mítines se convierte la Fiscalía General de la República, con claras exigencias para que se agilicen las investigaciones, para que se detenga a los que obstaculizaron las indagaciones en el gobierno anterior y produjeron “la verdad histórica”; para que el Ejército dé la información que conoce de lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre de 2014; para que se indague la vinculación de algunos elementos del 27º Batallón con la jerarquía de Guerreros Unidos, entre otros temas.

En todo ese tiempo, la sentencia de Tamaulipas y la búsqueda de su ratificación quedó en una especie de limbo. En marzo de 2019 se reúnen los integrantes de la Comisión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y se plantea que la Presidencia y la Fiscalía General se podrían desistir de los recursos que habían promovido contra la sentencia para permitir su ejecución5. Pero esta posibilidad no se vuelve a mencionar, ni en los medios, ni por las madres y los padres en los mítines. De acuerdo con el mismo Magistrado ponente, no ha habido ningún desistimiento hasta junio de 2020.

La coyuntura nos situaba en una situación difícil: el equipo de producción que habíamos pensado terminar el video en cuatro o cinco meses entró en un letargo, en una cierta desazón al no saber qué estaba pasando con la comisión y cuál era el sentido del documental en la nueva etapa. Está claro que no podíamos terminar el video todavía; el foco de investigación y de documentación se debía extender de la sentencia a la comisión presidencial, ya que ésa era la vía que tomaba el proceso de lucha de los padres. Los tiempos se alargaban sin saber muy bien hasta cuándo. Los estudiantes camarógrafos, productores, editores (Aldo, Estefanía, Jennifer y Arturo) debían terminar su tesis y otros egresados de la Universidad entraron a trabajar más fuerte en las partes de animación y edición (Cyntia Kent), así como en el sonido (Erik Medina). Por lo menos teníamos un primer esqueleto editado por Aldo. Ahí se empezó a “vestir” el video, como se dice, con miles de detalles; el documental debía poseer un mínimo lenguaje audiovisual que le diera una unidad y se adecuara al sentido que le queríamos otorgar. La imagen que representa a las madres y los padres y que dibujó Jennifer se convirtió en una especie de símbolo, al que le dio animación Cyntia, junto con las cortinillas de articulación para las diferentes secciones del video. A eso se añadió la asesoría puntual de Luis Miguel Carriedo y Primavera Téllez.

La comunicación cercana que al principio teníamos Marie-Christine y yo con los defensores de los padres de los 43 se diluyó, por múltiples razones, en cierto momento de la producción, lo cual me hizo sentirme a mí particularmente muy desorientada. Por otra parte, en mí crecía la incertidumbre de si había posibilidad real de llegar a la verdad y la justicia con esta comisión y en esta administración, inquietud que se derivaba de percibir las dudas y la desesperación en algunas expresiones de las madres y los padres cuando parecía que no pasaba nada con la comisión por meses. Eso nos obligó a reflexionar sobre el sentido del video, si la sentencia o comisión no lograban su cometido que sería saber el paradero de los muchachos, conocer la verdad de lo sucedido y que se hiciera justicia con los culpables. Concluimos que aunque eso no se lograra, merecían documentarse esa sentencia y comisión: eran esfuerzos inéditos de imaginación jurídica en América Latina y estaban relacionadas con una lucha que era emblemática en nuestro país y que queríamos documentar.

Otra inquietud surgió al pensar el final del documental. ¿Cómo debía terminar, cuando el proceso de lucha sigue y la comisión continúa enfrentando hasta ahora todo tipo de problemas por falta de averiguaciones legales y resultados sobre el paradero de los muchachos?; ahí consideramos que convendría terminar con algunas tomas dramáticas, en donde las madres y los padres exigen frente a la Fiscalía todo lo que falta en el proceso de investigación, un punto climático importante, antes de las últimas tomas de agradecimiento. Ello podría permitir que el video mantuviera cierta actualidad mientras no se llegue a esclarecer gran parte de la verdad del caso.

Este tipo de reflexiones que realizamos durante toda la producción del documental nos llevó a asumir que éste no nos pertenecía del todo y que no “íbamos por la libre” a decir lo que nos parecía como productores del video sin consultar a las madres y los padres. Aunque nosotros habíamos tomado la decisión de ver cómo enfocar las entrevistas y habíamos elegido cómo estructurar el documental, qué contar más extensamente o menos, qué voces retomar, cómo editar la película, ésta debía recibir el beneplácito de los padres y de sus defensores al final. Sin ello, nosotros no lo difundiríamos.

Fue muy tranquilizante enviar algunos cortes del video ya casi definitivos a varios de los padres y que le dieran el visto bueno; ¡qué alivio!; una de las madres, Hilda Legideño, nos mandó anotaciones claras de dos errores puntuales. También fue muy estremecedor, por lo menos para mí, escuchar decir a Hilda Hernández que le había impactado ver todo ese proceso de lucha en la pantalla, con la voz quebrada, y que su esposo después de la exhibición del video en la uam Xochimilco nos invitara a “hacer una segunda parte”.

Por ahora, el documental ha sido traducido a tres idiomas y está listo para emprender viajes hacia otros horizontes y dar a conocer “los nuevos senderos de justicia” que abren las luchas del caso de los 43.

Bibliografía

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Ficha técnica

Título: Abriendo senderos de justicia. Sentencia y comisión de Ayotzinapa. 

Duración: 37 minutos; color; México, 2020.

Dirección:  Margarita Zires Roldán, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Investigación: Marie-Christine Doran, Universidad de Ottawa, Canadá y Margarita Zires Roldán, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

Guión y producción colectiva: Margarita Zires Roldán, Aldo Cicardi González, Marie-Christine Doran, Cristian Calónico Lucio, Estefanía Galicia Argumedo, Jennifer Nieves García, Diego Vargas Ugalde, Arturo Vázquez Flores, Cyntia Kent Vidaños 

Edición: Aldo Cicardi González, Cyntia Kent Vidaños 

Diseño gráfico y animación:  Cyntia Kent Vidaños.

El documental fue seleccionado para concursar en el Festival de Cine Independiente de 2020: XI Edición de Contra el Silencio Todas las Voces

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ISSN: 2594-2999.

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Encartes, vol. 3, núm 6, septiembre 2020-febrero 2021, es una revista académica digital de acceso libre y publicación semestral editada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, calle Juárez, núm. 87, Col. Tlalpan, C. P. 14000, México, D. F., Apdo. Postal 22-048, Tel. 54 87 35 70, Fax 56 55 55 76, El Colegio de la Frontera Norte Norte, A. C., Carretera escénica Tijuana-Ensenada km 18.5, San Antonio del Mar, núm. 22560, Tijuana, Baja California, México, Tel. +52 (664) 631 6344, e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C., Periférico Sur Manuel Gómez Morin, núm. 8585, Tlaquepaque, Jalisco, Tel. (33) 3669 3434. Contacto: encartesantropologicos@ciesas.edu.mx. Directora de la revista: Ángela Renée de la Torre Castellanos. Alojada en la dirección electrónica https://encartesantropologicos.mx. Responsable de la última actualización de este número: Arthur Temporal Ventura. Fecha de última modificación: 9 de octubre de 2020.