Investigación social y acción política en contexto de violencia. Reflexiones en torno a mi experiencia en Prensa Comunitaria en Guatemala

Recepción: 28 de agosto de 2018

Aceptación: 3 de diciembre de 2018

Resumen

Después del genocidio de los años ochenta y el proceso de paz ocurridos en Guatemala se puso en marcha un proceso de despojo territorial vinculado a la actividad de industrias extractivas y megaproyectos. La respuesta fue una movilización de las comunidades afectadas que se convirtieron en el eje de la organización indígena y antineoliberal en el país, al que el Estado ha respondido con la deslegitimación, la represión y la criminalización de activistas líderes y autoridades comunitarias.

En este contexto, un grupo de activistas me invitaron a participar en un proyecto político de acompañamiento a esas comunidades a través del análisis, la difusión y la reflexión. El mismo contexto obligó a que el proyecto terminara convirtiéndose en una iniciativa de comunicación alternativa —Prensa Comunitaria— y acciones en contra de la criminalización.

En este texto reflexiono alrededor de mi experiencia en este espacio y este proceso, como un caso de uso político del oficio de investigador social. Me detengo en los retos y posibilidades que suponen procesos en que las ciencias sociales se trasponen en herramientas para la acción comunicativa y legal, y muestro las tensiones que se hicieron presentes.

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Social research and political action in contexts of violence: reflections on my community-press experience in Guatemala

After Guatemala’s 1980s genocide and peace process, a territorial land-seizure protocol was enacted in hand with extractive-industry and mega-project activities. The response was mobilization on the part of affected communities that became an axis for organizing indigenous and anti-neoliberal resistance throughout the country. The state responded with de-legitimization, repression and criminalizing community activists, leaders and authorities.

Within that context, an activist group invited me to start up a political accompaniment project in those communities using analysis, diffusion and reflection. The context itself obliged the project to end up being an alternative-communications initiative—a “community press”—and also translated into actions against criminalization.

I reflect on my experience in that space and process, as a case of using the social researcher’s work to political ends. I revisit both challenges and possibilities that social-sciences processes imply when they become tools for communicative and legal acts, as well as examples of tensions that arose as I worked.

Key words: Guatemala, communities, dispossession, collective research.

En un trabajo reciente, Gustavo Lins Ribeiro (2018) reclamaba por un mayor involucramiento de las ciencias sociales en esa sociedad que estudiamos y de la que formamos parte. La cuestión de la relación de los científicos sociales con la acción política no es en absoluto un tema nuevo ni resuelto, pero la situación actual exige que repensemos nuestro actuar.

A ello se une la provocación que proviene de los mismos sujetos sociales subalternos, históricamente investigados —los pueblos indígenas, en mi caso—, tanto desde la política (Segato, 2015) como desde la misma academia (Cumes, 2008; Ramos, 2018), que está cuestionando y modificando las formas y los objetivos de nuestra labor —sobre todo de quienes trabajamos con y sobre los grupos políticamente organizados— obligándonos a pensar en la investigación social desde marcos y procesos que los incorporen como sujetos de pleno derecho a las actividades de investigación y generación de conocimiento.

En este artículo, quiero contribuir a ese debate compartiendo mi experiencia como parte del colectivo que creó Prensa Comunitaria en Guatemala, para reflexionar en torno a las posibilidades que pueden ofrecer las ciencias sociales y nuestro trabajo como investigadores para hacer una actividad política, y las limitaciones y problemas de esta actuación. No voy a contar toda la historia de este colectivo ni sería posible mostrar aquí la cantidad de actividades, dinámicas y relaciones que han puesto en marcha, sólo expondré reflexiones a partir de algunas de mis labores en el trabajo colectivo entre 2011 y 2016, para mostrar los dilemas, los problemas y las propuestas que fueron surgiendo durante mi participación en este proyecto.1

En ese sentido, este texto forma parte de —y debe mucho a— una serie de trabajos que buscan reflexionar sobre las ciencias sociales a partir de una etnografía contextualizada de nuestro propio actuar como investigadores.2

El contexto y el problema: la actuación política de las comunidades en Guatemala

La entrada de las comunidades indígenas en el proceso de cuestionamiento general fue uno de los elementos que hizo tambalear al régimen militar instalado en Guatemala desde la intervención de la CIA en 1954. Lejos de narrativas triunfalistas que subsumían esta incorporación al actuar político de las organizaciones guerrilleras o de las que situaban a los indígenas “entre dos fuegos” (Stoll, 1993), cada vez está más claro que esta incorporación masiva de mayas al movimiento revolucionario en la segunda mitad de la década de 1970 (Arias, 1985) fue el resultado de una dinámica de transformación y politización del altiplano maya guatemalteco (Vela, 2011), quienes respondían así al tipo de modernización que se les imponía.3 La incorporación revolucionaria no fue la única forma de búsqueda de participación política, además hubo participación electoral en el ámbito nacional y municipal, así como en organizaciones culturales, campesinas y cooperativas. Pero lo importante es que a partir de la segunda mitad de los setenta, las comunidades dejaron de ser el sujeto político de la movilización, y la iniciativa pasó a las organizaciones de carácter nacional (Bastos, 2015a), ya fueran la Coordinadora Indígena, el partido Frente de Integración Nacional (FIN) o alguna de las organizaciones revolucionarias (Falla, 1978, Cojtí, 1997; Uk’ux Be’, 2005). A pesar de que esta actividad revolucionaria, fue el ejemplo más radical de la entrada de los indígenas a la modernidad (Le Bot, 1992); las formas y lógicas comunitarias fueron fundamentales en la movilización (McAllsiter, 2003; Bastos y Camus, 2003; Vela, 2011; Palencia, 2015; Tzul, 2016).4

El genocidio de inicios de los ochenta —que arrasó con 400 aldeas—, provocó un millón de desplazados, y la mayoría de los 200 000 muertos del conflicto (CEH, 1999) fue el resultado de la combinación de la doctrina de la seguridad nacional con el miedo y desprecio racista (Casaus, 2008; Sanford, 2003). Acabó con esta fase de la movilización y organización indígena en Guatemala al hacer de las comunidades el objeto central de una violencia atroz e inhumana, y después someterlas a una militarización y control que desarmó las instancias comunitarias en medio de un ambiente de miedo, división interna y desconfianza que duró 15 años (Zur, 1998).

El objetivo era que en el “régimen civil” que se inauguró en 1985-1986 bajo control militar (Schirmer, 2000), no participaran esas comunidades indígenas que habían llegado a poner en la cuerda floja a todo el entramado del poder oligárquico. Sin embargo, los mayas organizados aprovecharon los escasos espacios abiertos y la dinámica del proceso de paz que se dio entre 1991 y 1996, para reaparecer como un “movimiento maya” que exigía derechos como pueblo y un lugar en el espacio político. Con su accionar político y gracias al apoyo de la comunidad internacional, este actor indígena unificado logró que la paz firmada en 1996 incluyera un Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) que reconocía la discriminación histórica hacia los tres pueblos indígenas de Guatemala: maya, xinka y garífuna, a los que se reconocían una serie de derechos culturales y alguno político (Cojtí, 1997; Bastos y Camus, 2003).5

Toda esta movilización se hizo desde la idea de crear un sujeto, el pueblo maya, a partir de una identidad “pan-maya” que superara la parcelación político-cultural producida por los 23 idiomas y por las poderosas identidades locales-comunitarias —que se consideraban resultado de la división impuesta por los colonizadores-— (Warren, 1998; Fisher y Brown, 1996). Este pueblo unificado es quien reclamaba al Estado guatemalteco los derechos que le correspondían como pueblo originario. Por ello, la dinámica política continuó privilegiando a los actores de carácter nacional, ahora coordinaciones y organizaciones que se asumían y actuaban como mayas (Bastos y Camus, 2003). Las comunidades fueron fundamentales como soporte, al aportar líderes y activistas y apoyar en los momentos que se requería.

Aun así, la ansiada paz no trajo la tranquilidad a estos espacios, pues los acuerdos de paz quedaron en su mayoría aparcados, y se promovió una inserción al mercado mundial desde políticas neoliberales (Guerra Borges, 2011) que trajo la descampesinización, la migración a Estados Unidos, la violencia, la farsa electoral y la corrupción a esas comunidades que apenas salían de la militarización y la descomposición interna (Camus, 2008).

En medio de todo ello, sin embargo, se fueron dando procesos de recomposición de las lógicas e institucionalidad comunitarias, como medio para restañar heridas y recuperar espacios de vida.6 Empezaron a rearmarse prácticas de derecho comunitario maya (Esquit y Ochoa, 1998; Sieder y Flores, 2011), de espiritualidad de la mano de guías espirituales (Morales, 2004); de autogobierno de la mano de Alcaldías indígenas —tímidamente reconocidas por el Código Municipal de 2003—, de los Comités Comunitarios de Desarrollo —que se habían creado para controlar esta capacidad comunitaria— (Ochoa, 2013).7 Todo ello se planteaba ahora como manera de ejercer y construir desde la práctica esos derechos humanos y derechos indígenas por los que venían luchando y que se proclamaban en la nueva “democracia”. En esta rearticulación fueron muy importantes líderes y activistas que después de haber participado en esa política nacional que ahora se derrumbaba, regresaban a sus comunidades en muchos casos como autoridades (Bastos, 2015b). Pero más importante fue la recuperación por parte de la población de estas lógicas, actividades y relaciones sociales que provenían de su experiencia histórica.

Este proceso de rearticulación fue fundamental, pues la oligarquía vio en los megaproyectos y las actividades extractivas una oportunidad para renovar las bases económicas de su poder. Sobre todo desde 2004, la política económica de Guatemala estuvo dedicada a apoyar inversiones en minería, hidroeléctricas, agrocombustibles (Solano, 2005; Yagenova, 2012). Ante la amenaza que estas actividades suponían al poco espacio y bienes comunes que les quedaban, y a esa vida comunitaria que apenas empezaban a rearmar, en estas comunidades que estaban en proceso de rearticulación surgieron grupos que respondieron enfrentándose y negándose a su operación en su territorio. El modo en que se plasmó esta capacidad y decisión fueron las consultas comunitarias de buena fe en que las comunidades mostraban su rechazo a estas actividades apoyadas en el Convenio 169 dela OIT, la Constitución y el código municipal. Empezaron en Sipakapa, departamento de San Marcos en 2005 contra la ampliación de la Mina Marlin (van der Sandt, 2009; Revenga, 2005), se extendieron por Huehuetenango en 2006 (Mérida y Krenmayr, 2008), y ya para 2011 se habían realizado consultas en unos 70 municipios de todo el país (Prensa Comunitaria, 2016).

Lo que llamaba la atención de estas consultas no era tanto su propagación, sino la respuesta: allá donde se celebraron, la participación era masiva e incluía a mujeres y niños (Mérida y Kremayr, 2008; Castillo, 2010; Camus, 2010; Rasch, 2012). Esta capacidad de convocatoria se debía a que se realizaron siguiendo los procedimientos y las lógicas comunitarias, y a que fueron las autoridades de estas comunidades —las reconstituidas, la recién reconocidas o las tradicionales— quienes se encargaron de llevarlas a cabo (Trentavizzi y Cahuec, 2012). De esta manera, esta institucionalidad comunitaria en proceso de renovación adquiría un papel político fundamental como intermediarios con el capital y el Estado, y como aglutinadores de las dinámicas internas (Tzul, 2016); al tiempo que aseguraba una movilización continuada contra las empresas que llegaban a instalarse en los territorios comunitarios.

Así, en un contexto en que los actores de carácter nacional —organizaciones indígenas, campesinas, revolucionarias— habían quedado exhaustos y desmovilizados después del espejismo de la paz y el muticulturalismo (Bastos, 2013), estas comunidades movilizadas en defensa de sus territorios y su vida tomaron la iniciativa en la política popular, indígena y antineoliberal. A partir de ellas se pusieron en marcha procesos de articulación regional (Castillo, 2010) y las organizaciones previas que sobrevivieron políticamente fueron las que se sumaron a esta movilización, cediendo protagonismo a las autoridades comunitarias.

Una propuesta de trabajo de investigación con y para las comunidades

En este contexto, en 2011 me invitó Quimy de León, feminista guatemalteca con amplia trayectoria en el movimiento social, a participar desde México en la puesta en marcha de un proyecto/proceso de acompañamiento y apoyo a estas comunidades que se estaban organizando en contra del despojo territorial.8 El objetivo era respaldar a estas comunidades movilizadas porque pensábamos que en ellas se estaban dando procesos de participación y se estaban gestando formas de organización que podían aportar mucho para el futuro de la Guatemala de neoliberalismo de posguerra que vivíamos. Queríamos poner en práctica un proceso/proyecto en cuyo centro estuvieran esas comunidades y organizaciones que protagonizaban la movilización, a las que este trabajo debería servir como insumo para su proceso, pero también de quienes debería partir la acción.

Después de nuestras respectivas experiencias en la academia, ONG u otras organizaciones, los miembros del colectivo pensábamos que la lógica de la investigación debía partir de los sujetos políticos en sí, sin buscar suplantarlos, sino poniéndonos a sus órdenes. En este sentido, y sin ser nuestro propósito, esta experiencia se inscribía entre los esfuerzos por lograr metodologías colaborativas en la relación con los sujetos políticos (Leyva, Speed y Burguete, 2008; Rappaport, 2015; Leyva et al., 2015). Desde luego, había una contradicción intrínseca en el hecho de que todo esto partía de una iniciativa nuestra y no de esas comunidades como sujetos políticos. La intentamos resolver a partir de los contactos que teníamos en comunidades y colectivos, con quienes buscamos hacer algo parecido a la “antropología a demanda” que plantea Segato (2015).

Después de varios intentos por poner en marcha dinámicas de acción-investigación, esta relación previa con actores y procesos permitió ubicar tres lugares marcados por conflictos derivados de la presencia de actividades extractivas donde realizamos una investigación sobre la movilización comunitaria que se oponía a ese despojo. Se trataba de San Juan Sacatepéquez, municipio kaqchikel cercano a la capital donde se construía desde 2005 una planta cementera; Barillas, localidad q’anjob’al y mestiza del norte de Huehuetenango, donde en 2008 se instaló para construir una hidroeléctrica la empresa Hidro Santa Cruz, de capital español, y el valle del río Polochic, donde comunidades q’eqchi’s habían sido desplazadas por la empresa Chabil Utzaj para plantar caña de azúcar. En los tres casos, la organización de la comunidad había sido respondida con represión, violencia y criminalización por parte del Estado, que permitía la impunidad con la que las empresas agredían a las comunidades (Bastos y de León, 2014).

A pesar de nuestras intenciones, en buena medida se trató de una investigación tradicional, realizada por unos investigadores externos a la comunidad; pero desde el inicio el eje del trabajo fueron las versiones locales de lo sucedido, obtenidas de los protagonistas directos de la defensa del territorio. Después de muchas vicisitudes, el trabajo se terminó y se publicó un año más tarde de lo previsto con el título Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas (Bastos y De León, 2014).9 El libro se publicó como producto de lo que ya para entonces decidimos denominar el “Equipo de Comunicación y Análisis Colibrí Zurdo”.10

La experiencia de integrarme a este colectivo, este proyecto y estas tareas supuso para mí un cambio en mi trayectoria como investigador. Había trabajado al lado y acompañando movilizaciones populares —específicamente indígenas— desde un trabajo académico que se podría considerar como colaborativo, pero siempre desde mi posición autónoma como investigador. Ahora había una diferencia: ya no actuaba como el investigador que colabora con el sujeto en lucha, sino como parte de él. Se trataba de un trabajo político realizado por un actor que se asumía como parte de esa movilización.

Sin embargo, tampoco era totalmente parte de él. Mi trayectoria académica era lo que me había llevado hasta allá, pero ser un académico-varón-blanco-extranjero me convertía en el símbolo de aquello contra lo que mis compañeros luchaban. Ellos anclaban sus raíces identitarias —personales y políticas— en unas luchas y un credo que yo había conocido más tarde y compartía, pero desde otras bases personales e ideológicas. En el equipo éramos conscientes de estas diferencias, y buscamos utilizarlas como parte de la riqueza de nuestro trabajo. La vigilancia epistemológica y política de las que eran objeto mis aportes fue un verdadero aprendizaje para mí, tanto en el diseño de las metodologías como en la interpretación de los resultados. Pero eso no impidió que también surgieran tensiones por los puntos de vista y las formas de encarar los problemas, relaciones con el resto del sujeto popular, y la misma concepción del trabajo en equipo.11

El impacto de la criminalización en Huehuetenango

El año 2012, en que empezamos a trabajar la investigación, ocurrió algo que fue fundamental para las dinámicas de movilización comunitaria en Guatemala y cambió nuestros planes de trabajo: el general retirado Otto Pérez Molina asumió la Presidencia de la República, consolidando la política de apoyo a las empresas extractivas por medio de la represión y criminalización de cualquier forma de descontento, movilización y defensa de derechos, a la que se respondió con represión directa y la militarización de la vida política (Cabanas, 2012; Colibrí Zurdo, 2013).12

Barillas, lugar donde estábamos investigando, inserta en el área q’anjob’al, fue uno de los lugares donde esta estrategia tomó forma. El 1 de mayo de 2012 un campesino resultó muerto por el responsable de seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz, y dejó heridos a otros dos activistas que lo acompañaban. Barillas estaba en plena feria titular y el enojo popular llevó a un grupo a irrumpir en el destacamento militar reteniendo a su responsable. El presidente declaró estado de sitio y antes del amanecer, unos 260 policías y 370 militares (OACNUDH, 2012: 3) llegaron a la localidad, que durante tres días hicieron revivir en los barillenses los peores momentos de la represión de los años ochenta: cateos, militarización, listas negras. Como resultado, nueve líderes y autoridades comunitarias fueron detenidos y llevados inmediatamente a la capital, y un número impreciso de ellos huyeron a las montañas para evitar el mismo destino.13

Estos hechos fueron un precedente de lo que ocurriría en más lugares durante los siguientes cuatro años. Ante la movilización comunitaria, el Estado guatemalteco no dudó en echar mano de su repertorio represivo: muertos, secuestros, militarización, desparecidos, impunidad (Rivera y De León, 2018). Desde inicio de esta fase, la persecución penal fue la forma más utilizada de represión en un contexto que no aconsejaba mucho la violencia extrema. Esta estrategia, utilizada en toda América Latina (Composto y Navarro, 2014) busca desmovilizar a las comunidades y grupos organizados tanto por el miedo como por el desgaste, y necesita de la colaboración directa de las autoridades de seguridad y de justicia para poner en marcha procesos penales que desde su inicio están viciados y son ilegales.14 Su importancia en cuanto a los procesos de movilización comunitaria hizo que le prestáramos especial atención, con la idea de comprenderla y conocer sus lógicas. Ya desde los hechos de Barillas en 2012 habíamos denunciado que los líderes detenidos eran presos políticos (De León y González, 2012). Más tarde se exploraron formas de presentación y difusión híbridas entre lo académico, lo político y la comunicación, como el texto Las voces del río (Colibrí Zurdo, 2014), que reconstruía la historia de organización, represión y criminalización en Barillas a través de las voces de los perseguidos políticos, y el Informe sobre la persecución política en Barillas (Colibrí Zurdo, 2013; De León, 2018), en que se buscaba analizar la manera en que se habían dado y se daban los hechos en este lugar.

No obstante, la criminalización de autoridades y activistas de Barillas supuso para el equipo, con el fin de mantener el espíritu del proyecto, cambiar su enfoque y objetivo. Como dice De Marinis (2017: 11) la violencia obliga a plantearse un “para qué” que exige respuestas concretas, y en este caso fueron dos. Por un lado, la vinculación de los miembros del equipo con los presos los ubicó en un papel de intermediarios de las familias con el proceso penal que empezaba. Fueron fundamentales para conectar con abogados y organizaciones de derechos humanos, para mandar información sobre la situación de los presos y apoyar en las visitas desde Barillas, a más de 12 horas de viaje. Empezó así un trabajo en relación con los procesos judiciales que se desarrolló a lo largo de los años siguientes en tareas de litigio estratégico, campañas por la liberación de presos y colaboración con abogados, que veremos más adelante.

Por otro lado, quedó clara la necesidad de información veraz sobre lo que estaba ocurriendo en Barillas y con los presos, pues los medios escritos, radiales y televisivos contaban versiones imprecisas, parciales y muchas veces con clara intención de convertir a los comunitarios en delincuentes, para facilitar así la cara jurídico-política de la represión (Korol y Longo, 2009; de León, 2018). Así, a partir de la experiencia de algunos de los miembros del equipo en la comunicación alternativa, en los días posteriores a los hechos relatados se creó la página Barillasresiste!, en la que se fueron publicando informaciones que llegaban del lugar, avances sobre los procesos jurídicos y artículos de opinión. Ante la generalización de la represión en todo el país —con la masacre de Alaska como punto culminante—,15 y en acuerdo con las autoridades y líderes de Huehuetenango, en diciembre de ese año apareció públicamente la página Prensa Comunitaria como un medio para dar a conocer las diferentes resistencias que se daban en el país y, sobre todo, denunciar el acoso de que eran objeto.

La comunicación como eje de la acción política

La aparición de Prensa Comunitaria como agencia de noticias manejada por un colectivo implicó que el objetivo y centro de atención de nuestro trabajo pasó de la movilización y organización comunitarias, a las formas de represión hacia ellas, y la forma de acción política pasó de la investigación a la comunicación.16

Se fue incorporando al equipo gente nueva, jóvenes que apoyaban con labores diversas, y se fue forjando una red de comunicadores y comunicadoras comunitarios, normalmente jóvenes insertos en los procesos de lucha en sus comunidades, que representaban y representan mejor que nadie ese trabajo con y desde las comunidades que pretendíamos desde el inicio. Se formó así una “comunidad político-afectiva” (De Marinis, 2017: 17) que se extendía en buena medida a los integrantes de las organizaciones comunitarias, sobre todo en las áreas q’anjob’al y q’eqchi.

La base del trabajo informativo estaba en la movilización comunitaria y la criminalización con que respondían las empresas y el Estado; pero el trabajo se amplió a otros espacios y temáticas (desde el juicio a Ríos Montt por genocidio a las jornadas de protesta contra la corrupción, y llevaron a la dimisión de la vicepresidenta y el presidente del país en 2015) con base en una red de colaboradores que enviaba textos de opinión, reportajes o noticias, de la vinculación con medios de otros países y del uso de los diversos soportes digitales (WordPress, Facebook, correo electrónico, Twitter).

Prensa Comunitaria se convirtió en el espacio que dio forma a las inquietudes de acción política que habían dado lugar a nuestro proyecto y la comunicación fue, ahora sí, el trabajo básico del colectivo. Entendida como una acción política, daba margen para muchos tipos de acciones y campos de incidencia: el documento Quiénes somos habla de periodismo comunitario, feminismo, derechos humanos, litigio estratégico, memoria y justicia, sistematización e investigación social, arte, cortometrajes e ilustración (Prensa Comunitaria, s.f.: 3-19). Es decir, una gama de posibilidades que se derivan de la voluntad de convertir la acción comunicativa, basada en la investigación, en una acción política. Por eso no pretendimos ser neutrales, éramos conscientemente parciales, pues las otras versiones ya las daban los medios corporativos.17 Esa toma de postura no reñía con el rigor en la verificación de fuentes y el tratamiento de los temas: la realidad se mostraba de tal manera que no había que forzarla. Con tenacidad y perseverancia, con base en el trabajo voluntario en medio de la precariedad laboral y económica de los miembros del equipo en Guatemala, Prensa Comunitaria fue haciendo su espacio y obteniendo reconocimiento entre los medios y actores políticos de Guatemala.

Sin embargo, esta acción desde la política también tuvo sus costos. Varios miembros del equipo han tenido que sufrir presión, violencia y criminalización por parte de gobierno y empresas.18 Pero no sólo eso; formar parte del sujeto nos hacía participar también en sus conflictos y contradicciones internas. Cuando el equipo de Prensa Comunitaria se convirtió en un actor dentro del campo político del norte de Huehuetenango, enrarecido y tenso tras el estado de sitio de Barillas, las dinámicas internas de ese espacio afectaron el trabajo: no pudimos presentar el libro Dinámicas de despojo y resistencia ni en la ciudad de Huehuetenango ni en Barillas por el boicot que organizó parte de un sector del movimiento social. Ya desde 2013 había rumores, descalificaciones, silencios y agresiones verbales que llegaron ser un verdadero acoso para los miembros del equipo en la capital, sobre todo Quimy de León y la fotógrafa Cristina Chiquín. Aquellos cuyos intereses habíamos tocado, aprovecharon muy bien ese poso de desconfianza y recelos que habían dejado la clandestinidad y la represión entre el sujeto político popular, para destruir amistades de años, acabar con espacios de coordinación y provocar desajustes emocionales.

Todos estos cambios incidieron en mis labores en el equipo. La distancia física ya había hecho difícil mi participación en las tareas de investigación, y ahora hacía mucho más la participación en las periodísticas cotidianas. Me dedicaba a labores como editor de textos y entrevistando por Skype a gente que llamaba desde sus comunidades para reportar casos de violencia o criminalización. Así pude seguir en la evolución de la lucha y la represión en Barillas, la violencia finquera en Alta Verapaz o la impunidad judicial en varios lugares del país.

Todo esto no ocultaba que cada vez me hallaba más alejado de los hechos que trabajaba. Si la investigación social se basa en el papel de testigo (De Marinis, 2017: 18), cada vez me costaba más hacer el trabajo de un investigador: el conocimiento directo de la realidad social sobre la que reflexionaba se me alejaba y eso disminuía mi capacidad de analizar con profundidad y utilizar mi experiencia y conocimiento. Esto hacía difícil mi contribución a la labor de análisis y reflexión, que se habían acelerado con este nuevo marco metodológico, y en las actividades de investigación que se mantenían. Había en esto una cuestión contradictoria, agridulce, pues al mismo tiempo la presencia y el papel de los comunicadores comunitarios suponía que estábamos trabajando a partir del conocimiento y la versión directa que nos daban los propios sujetos movilizados: ellos eran los etnógrafos, los que daban la pauta para comprender los procesos, acercándonos a uno de nuestros objetivos iniciales. A partir de ahí se hacía el trabajo de sistematización y análisis.

Sin embargo, quiero detenerme en una de las tareas que me tocó asumir en este nuevo formato: me tocó escribir artículos de fondo lo largo de cuatro años. Generalmente se trataba de textos de análisis más que de opinión, fruto de trabajo en equipo: los argumentos se basaban en los hechos de primera mano recogidos por los comunicadores, y el tema lo platicábamos y discutíamos. Se trataba de un formato nuevo para mí en que las exigencias de concisión y de fuerza comunicativa se situaban por encima o al lado del rigor y la profundidad de análisis. Se mostró como un medio que no sólo permitía ser leído mucho más allá de los cauces académicos habituales; sino dar salida a otras formas de expresión y reacción ante la realidad: la indignación fue muchas veces el disparador de la escritura.

La acción jurídica ante la persecución penal

Como dije antes, ante esta criminalización de la protesta social, Prensa Comunitaria no actuó sólo como una agencia que privilegiaba estos temas. Además se hicieron y se hacen diversas actividades políticas: campañas en pro de la liberación de los presos políticos, se apoyaron iniciativas como Festivales Solidarios, se hizo contacto con medios internacionales. En ese contexto, se abrió un nuevo frente de trabajo en colaboración con los abogados en los procesos penales a activistas y autoridades. Desde los casos de los nueve líderes de Barillas en 2012 se trabajó con algunos de ellos, en la comunicación con las familias, con los mismos presos, y en la planificación de estrategias. Con el tiempo el trabajo se fue sistematizando, con el diseño de campañas informativas y de denuncia dentro de las propuestas de litigio estratégico de los abogados, y aportando información sobre los casos y su contexto de la que los abogados normalmente carecían.19

La criminalización afectó de una forma muy concreta al norte de Huehuetenango, donde la movilización no se había detenido con los hechos de mayo de 2012. El proceso a los detenidos en mayo de 2012 terminó con su liberación sin cargos ocho meses después (Bastos et al., 2015). La presión continuó sobre Barillas y se extendió a los municipios vecinos de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, donde también se abrieron proyectos hidroeléctricos.

En mayo de 2013 empezó una segunda ola de represión con la detención frustrada del líder Maynor López, que finalmente fue detenido en septiembre de 2014, lo que originó en ambos casos una movilización e en toda la región norte de Huehuetenango que obligó al gobierno central a negociar en septiembre de 2013 unos acuerdos que nunca cumplió (Bastos, 2016a). En este contexto tomó forma el Gobierno Plurinacional de la nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti’ y Mestiza, formada por autoridades comunitarias de las localidades de los ocho municipios del norte del departamento. Su núcleo era el sector organizado a partir de Santa Eulalia —que siempre había sido autónomo respecto a otras formas organizativas de la región— encabezado en su momento por Daniel Pedro y Rigoberto Juárez, y respaldado por las autoridades espirituales del área dado su discurso de respeto y apoyo a la cultura originaria.20 Sin perder nunca la relación con otras opciones, fue con ellos con quien Prensa Comunitaria trabajó más directamente.

Para entonces ya había acusaciones en contra de Francisco Juan Pedro, Sotero Adalberto Villatoro y Arturo Pablo Juan por la retención de trabajadores de Hidro Santa Cruz el 22 de abril de 2013 en el lugar conocido como Poza Verde en Barillas, donde se había instalado un plantón pacífico contra la hidroeléctrica. Intentaron detenerlos el 23 de enero de 2014 en el Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia, pero hubo gente que se opuso, y por esos hechos también fueron acusados cuando sí se les detuvo el 27 de febrero de 2015. Con ello se abrió una nueva fase persecutoria que siguió el 24 de marzo, cuando Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar fueron capturados por hechos ocurridos también en el CAJ de Santa Eulalia a raíz de la detención y liberación de dos vecinos de Pojom, San Mateo Ixtatán, el 19 de enero de ese año. El 3 de junio Bernardo Ermitaño López Reyes fue detenido también por los hechos del 23 de enero del año previo.

Así, para mediados de 2015 buena parte de las autoridades comunitarias involucradas en la defensa del territorio q’anjob’al estaban encarcelados, a través de una acción penal conducida por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público; una paradoja que muestra bien el funcionamiento de las instancias jurídicas en estos casos.21 A pesar de que los hechos por los que se les acusó se habían dado de formas diferentes, los delitos por los que fueron llevados a juicio eran similares para todos ellos: detenciones ilegales, coacción, amenazas, instigación a delinquir y obstaculización a la acción penal. (Extractos de la sentencia: 13). Además, a todos ellos se les había acusado también de plagio o secuestro, pero la acción del equipo de defensores logró que se desestimara en octubre de 2015. Pese a ello, se les negó la libertad provisional, como era su derecho.22

Se repitieron otra vez las visitas a los detenidos en ciudad de Guatemala, la cobertura a las audiencias de los casos, el apoyo a familiares cuando viajaban a la capital; con lo que se reforzó el papel de intermediarios y los lazos personales con ellos. Por esto y por el conocimiento del medio y del proceso, Prensa Comunitaria fue colaborando de diversas maneras con el equipo de abogados, miembros de la Asociación de Abogados Mayas, de CPO y del Bufete de Derechos Humanos.23 Con todos ellos se empezó a trabajar de formas diversas, las campañas se pensaron dentro de la idea de litigio estratégico; se facilitaron contactos y se aportó información cada vez que se requirió.24

En este contexto, Prensa Comunitaria insistió a los abogados en la necesidad de peritajes que mostraran cómo los detenidos actuaban en su calidad de autoridades comunitarias. De ahí salió la convocatoria a la socióloga k’iche’ Gladys Tzul para un peritaje en este sentido, dado su trabajo sobre las formas políticas en las comunidades mayas de Guatemala (2015; 2016). Además, nos pidieron a nosotros que como Prensa Comunitaria apoyáramos con un peritaje sobre el contexto de conflictividad en que se dieron las detenciones, y me tocó hacerlo a mí. Ésta fue mi experiencia más directa y personal dentro de esta faceta de las actividades de Prensa Comunitaria dentro del mundo judicial. Por cuestiones de la fase del proceso, mi participación no fue oficialmente considerada como “peritaje”, sino como “informe de testigo experto”. Esto me permite aclarar que, si bien mi participación podría verse como peritaje, sirvió para “proporcionar un medio de prueba que permita hacer patente un hecho o circunstancia que se considera obscuro” (Valladares, 2012: 11); no un peritaje antropológico o cultural, que aporta “información al juzgador sobre la importancia que tiene la diferencia cultural en el entendimiento de un caso específico” (idem). En ese sentido, participé más como un “testigo”, alguien que conocía muy bien un aspecto que se creía necesario para que este tribunal pudiera hacer justicia: el contexto en el cual se habían dado los hechos que se juzgaban. Ese conocimiento era a través del equipo de Prensa Comunitaria.

El contenido del documento que se presentaría al Tribunal fue definido con el equipo de Prensa Comunitaria y en pláticas con el abogado Édgar Pérez. Se construyó usando dos ejes combinados: por un lado, el despojo continuado sobre los recursos y el trabajo, actualizado en la fase que se juzgaba, y por otro, la formación histórica y actuación de las autoridades comunitarias en el área q’anjob’al, insistiendo así en el papel histórico de esta institucionalidad comunitaria respecto al despojo. 25

De esta manera, los ladinos, que hasta entonces apenas habían estado presentes, entraron de lleno en el área Q’anjob’al, como propietarios o encargados de las fincas de café que se establecen, y como representantes de ese Estado que ahora se hace muy presente en el área. Ocuparon los puestos de poder en las municipalidades, desplazando a los q’anjob’ales a puestos secundarios y obligándoles a ser una estructura paralela, desde donde organizan el gobierno comunitario a partir de lo que ahora pasarán a llamarse los Principales. Esta figura continúa con las tareas de gobierno interno, ahora con un papel muy importante de intermediario con ese Estado nacional que por primera vez está localizado dentro de la misma localidad, articulando dos esferas de legalidad (Bastos, 2016a: 5).

La conflictividad generada en el área q’anjob’al por la presencia de las hidroeléctricas, era entendida dentro del marco latinoamericano del extractivismo (Seoane, 2012) y la acumulación por despojo (Harvey, 2004), y en concreto del final del conflicto en Guatemala (Bastos y De León, 2014). Esta reconstrucción incluía la movilización en los municipios del área, los conflictos ocurridos con la llegada de las diferentes empresas y los procesos de persecución penal de cada uno de los presos juzgados. Todo ello se hizo a partir de las noticias recogidas en Prensa Comunitaria, complementadas con la de otros medios si las había. Por tanto, el núcleo de este peritaje estaba en el trabajo colectivo realizado desde 2012 por los equipos locales en colaboración con el central. A partir de estas evidencias, podíamos concluir que los actuales presos fueron detenidos en situaciones en que ellos hacían su labor como autoridades.

Después de la firma de la paz, empresas hidroeléctricas se hicieron presentes en Barillas, Santa Eulalia y el área norte de San Mateo Ixtatán en diferentes momentos, sin respetar el resultado de las consultas comunitarias que previamente se habían llevado a cabo en estos municipios. En todos los casos comenzaron sus actividades con engaño, y se recurrió a la intimidación, la presión y la cooptación, por lo que las autoridades comunitarias cumplieron su función de portavoces del descontento, ejercieron el papel de dirigencia, y acudieron a mediar cuando hubo conflictos con personal de las empresas para evitar mayores problemas.

Pero desde las empresas y el Estado ladino no se les entendió y prevaleció una visión prejuiciada de su papel. Por todo eso, se convirtieron en blanco de la estrategia de persecución penal que las empresas pusieron en marcha en conjunción con agentes judiciales. Pese a ello, las comunidades organizadas y sus autoridades, siempre se movieron buscando los cauces de la legalidad y el diálogo con los diferentes representantes del Estado para resolver las situaciones de conflictividad, represión y división comunitaria que se habían creado con la llegada de estas empresas (Bastos, 2016a: 24-25).

Todo esto suponía dar forma jurídica al argumento de la “movilización comunitaria” que había sido el eje del trabajo del colectivo desde su inicio, y teniendo como base el trabajo colaborativo con las comunidades a través de sus comunicadores. Además, la necesidad de dar orden a la enorme cantidad de hechos que constituían el conflicto generado por las hidroeléctricas exigió buscar una lógica —como ocurre siempre en los procesos de sistematización—, lo que nos permitió avanzar en la compresión de los procesos de despojo y resistencia.

La experiencia de Prensa Comunitaria, ejemplo de investigación como acción política

Este apretado resumen no hace justicia a todo lo ocurrido en esos cinco años ni a la entrega, creatividad y profesionalidad del equipo de Prensa Comunitaria. Sólo he mostrado algunos de los elementos de mi participación en el proceso, para poder reflexionar en torno al papel y las posibilidades de las ciencias sociales en el contexto de violencia y despojo generalizado que vivimos; pero también sobre los problemas que surgen y las limitaciones de este tipo de acción.

Lo primero que se podría decir, a mi entender, es que la experiencia de Prensa Comunitaria es un ejemplo más de que las ciencias sociales pueden dar mucho de sí si salen del nicho de la academia. No significa condenar el espacio académico, sino de complementarlo, trascenderlo, ir más allá de formar gente para que sean académicos y de escribir artículos que sólo los académicos leerán. Como ya se ha hecho en otras muchas ocasiones (Leyva et al., 2015), hablo de utilizar nuestras capacidades y aprendizajes —nuestra voluntad intrínseca por conocer y desentrañar, el rigor metodológico, los marcos y los conceptos— para intervenir en los procesos sociales a través de acciones que, como la comunicación o lo jurídico, se entienda con fines y objetivos políticos.

Con ello, la práctica y el sentido de la investigación se enriquecen, se transforman creativamente y adquieren capacidad crítica sobre su propia función. Esta forma de utilizar las ciencias sociales fuera del espacio académico, complementa, enriquece y da sentido al trabajo que realizamos, colabora con resultados concretos y palpables más allá de los que se obtienen a través de la academia. Trabajar dentro del sujeto político y poner los conocimientos y saberes que hemos adquirido al servicio de sujetos externos a la academia permite ampliar los espacios y expresiones de la labor investigativa.

Para ello es necesario reconocer el valor de la acción política en la generación de conocimiento. Si en el campo de la política, “la innovación teórica viene de la práctica”, este acompañamiento por parte de las ciencias sociales puede ser muy útil a ambos lados: “el punto de encuentro entre la acción política y el análisis de la misma es un punto sumamente fértil para la innovación teórica” (Hale, 2008: 304). En este caso, la inserción en los procesos a través de la acción comunicativa y legal permitió elaborar trabajos académicos (Bastos y De León, 2014; Bastos, 2015; 2018; Bastos et al., 2015; De León, 2018; Rivera y De León, 2018) basados en esa mirada desde el accionar comunitario; a la vez que enriqueció los trabajos legales (Bastos, 2016b) y evidentemente, los periodísticos. Así, a la vez que yo enriquecía mi capacidad de análisis, los sujetos comunitarios con los que colaboramos también fueron apropiándose de técnicas, conceptos y formas de análisis de las ciencias sociales.

El trabajo en equipo estuvo siempre lleno de tensiones, idas y venidas y a veces conflictos, como ya he relatado. Pero el tener que enfrentar visiones y marcos académicos con otras matrices más politizadas y, sobre todo, con las que provienen los actores sobre los que escribimos, fue un reto que obligó a ampliar esos marcos. De la misma forma, la vocación comunicativa y el uso de formatos digitales actualizados ha sido una plataforma para la difusión de discusiones y marcos de análisis.

Todo esto no es nuevo, ya existe toda una tradición de formas de investigación activa, participativa, comprometida y colaborativa “a demanda” que han hecho esto (véanse los tres volúmenes de Leyva et al., 2015). Lo específico de esta experiencia —en un mar de especificidades— es que aunque al inicio pretendíamos producir conocimiento por la vía de la investigación social, tuvimos que ir actuando desde otros ámbitos y al poner el eje en la comunicación, con lo que la investigación pasó de ser el centro a ser un apoyo para la labor comunicativa, como ya mostré. Se trató de la trasposición de la técnica, la metodología y los conceptos de las ciencias sociales a estos otros espacios de aplicación.

En este proceso, como vimos, se ha ido avanzando en una de las premisas del trabajo colaborativo: la participación activa del sujeto en la definición de los objetivos y alcances del proceso.26 A partir de las acciones del equipo de Prensa Comunitaria, algunas comunidades organizadas y otros sujetos han ido apropiándose cada vez más del proyecto. En lo referido a los temas comunitarios, sobre el despojo y la movilización, el trabajo de los comunicadores comunitarios es cada vez más central y tiene más repercusiones en los mismos procesos de lucha.27 El objetivo ahora sería convertir eso en un trabajo de análisis social sistemático en que ellos participaran al mismo nivel y en consonancia con sus objetivos.

Mi experiencia en Prensa Comunitaria también muestra los límites y conflictos de esta opción, cómo no es tan fácil y conlleva tensiones. Hale (2008: 2) insiste en que las relaciones entre la investigación y la acción política son tensas y difíciles de por sí, pero que en ello reside parte de su capacidad creativa. Al contrario de lo que se hace en la academia, la investigación social se concibe y se practica como un medio para un objetivo político y no como un fin en sí mismo. Esto implica cuestiones tan simples como que los tiempos, los objetivos y las lógicas del proceso ya no están marcados por la mera operación de indagar y buscar respuestas. Cada uno de ellos tiene una lectura desde la actividad política que incide en las dinámicas. Lo mismo ocurre con los conceptos —una de las bases de nuestro trabajo—: su uso será evaluado por su función y su valor políticos, no analíticos. A veces, la lógica faccional se impone en el proceso de investigación, incidiendo en análisis, metodologías y actividades; otras, la autonomía del investigador se pone en entredicho.

Otro aspecto donde esta tensión se manifiesta es cuando la voluntad de conocer y comprender los procesos sociales queda mediada por la necesidad de apoyarlos. En principio no hay contradicción, pues ese apoyo se da precisamente en el análisis; pero cuando estamos en el nivel de la comunicación urgente ante los hechos, la necesidad de denuncia se pone por encima de la necesidad de comprensión. A veces no se llega a entrar en la complejidad de los fenómenos estudiados —ésta no es importante para la acción política—, y los tiempos van obligando a dejar atrás esas intuiciones y asuntos cuya profundización son el alma de la investigación. La conciencia de la necesidad de repensar las bases conceptuales del trabajo hizo que en 2016 se pusiera en marcha un proceso de revisión de los marcos de análisis y comprensión que ya está produciendo resultados.28

Estas cuestiones están detrás de lo que he ido comentando a lo largo de este texto, y hacían que a veces la práctica cotidiana de esta relación me llevara a pensar muchas veces que la propuesta de Hale era más una esperanza que una realidad.

La investigación, sujetos y conocimientos

Gran parte de la teorización alrededor de este tipo de prácticas de investigación se basa en la idea de que acabar con las relaciones de poder implícitas en las prácticas académicas conllevará a una relación horizontal entre el investigador y el sujeto político, y se logrará un “diálogo de saberes” (Santos, 2010) que enriquecerá a ambos (véase de nuevo Hale, 2008: 7; Rappaport, 2015: 345). Quiero terminar este texto reflexionando en torno a esta idea, que implica una concepción binaria de la relación entre el investigador y los “sujetos políticos en lucha” (Hale, 2008). Sin embargo, mi trabajo en Prensa Comunitaria, y lo que he escrito aquí muestra una realidad más compleja en esas relaciones.

Para empezar, en este caso, más que de “diálogo de saberes”, para describir esta relación deberíamos al menos hablar de “tetrálogo”, teniendo en cuenta a los sujetos involucrados y las tensiones entre sus formas de entender el trabajo hecho. Sin entrar en mucho detalle, en el proceso que he relatado se pueden encontrar al menos cuatro sujetos con formas propias de entender y actuar.

Según hemos visto, en primer lugar estarían las mismas comunidades organizadas —en concreto los sectores y actores que actúan y se movilizan políticamente— representadas en este caso por líderes y autoridades del área q’anjob’al. Después estaría el colectivo que forma Prensa Comunitaria, como parte de todo ese sujeto político de herencia revolucionaria y asentado básicamente en la capital que actúa como intermediario de las comunidades y otros sujetos políticos a la vez que se comporta como un sujeto en sí mismo. Es un sujeto muy diverso, como se puede apreciar en mi relación como académico —el tercer actor— con el colectivo, que no ha estado exenta de tensiones, y es un ejemplo de lo que ocurre cuando un académico entra a trabajar en un colectivo definido por la acción política. Y, por último, estarían los abogados como los sujetos que intervienen como “expertos” en los procesos penales y tienen una forma propia de entender éste y el contexto político en que se dan.

Dentro de esta complejidad ¿cuál es el “sujeto político” (Hale, 2008: 3) con el cual nos relacionamos como investigador social? ¿Entro a colaborar con “las comunidades”, si lo hago como parte del sujeto político revolucionario capitalino? ¿O es que mi colaboración es con éste, es decir con Prensa Comunitaria? ¿O es que todos formamos un solo sujeto amplio, definido por la orientación antioligárquica, de izquierdas y por la defensa del planeta? Lo que sí hemos visto es que las relaciones entre cada uno de éstos pueden estar llena de tensiones. Esto se podría complementar con las formas muy diferentes de reacción del sujeto comunitario movilizado ante nuestro trabajo: al pasar a formar parte del sujeto político del norte de Huehuetenango, una porción de éste nos desconoció y la relaciones con ellos fueron tensas desde ese momento, mientras se estrechaban las mantenidas con el otro sector. Finalmente, las relaciones de los abogados con el colectivo Prensa Comunitaria, también tuvieron su carga de tensiones, malentendidos, ninguneos y ocultación.29

Nada de lo anterior impidió el trabajo conjunto que se hizo, en muy buena parte porque todos compartíamos los entendimientos básicos de lo que hacíamos; pero lo he traído aquí porque me parece que cuestiona la idea de “diálogos” entre dos sujetos perfectamente delimitados y diferenciados entre sí con saberes también delimitados y diferenciados, que está en la base de algunos planteamientos sobre la “descolonización” de la academia. Como decía antes, ¿cuál es el “sujeto político” en relación con el cual se daba mi trabajo? Todos los actores que han ido apareciendo formamos parte de un mismo sujeto político, pero cada uno es a su vez un sujeto diferenciado, con sus propias formas, que a su vez podía formar parte, con otro de ellos, de un sujeto específico.

Hay que tener en cuenta esta tensión-ambigüedad en la relación entre los sujetos. Para comprenderla me parece útil la idea de “las alianzas cosmopolíticas”, que plantea Marisol de la Cadena.30 Sin entrar aún al carácter ontológico, epistémico o cultural de las diferencias de pensamiento (Blaser, 2009) lo que me interesa es la idea de que para los sujetos indígenas, los conceptos que manejamos —en este caso podrían ser comunidad, territorio, autoridad— significan lo mismo que para los occidentales “y algo más”, que es su forma propia de entenderlo desde sus ontologías, algo que nos es vedado a los occidentales desde nuestra racionalidad. Pero desde conocer y respetar esta diferencia se establecen las alianzas, que se basan en la suma de eso que compartimos, el respeto a lo que no comprendemos (espero no haber tergiversado las ideas de la Cadena).

Aplicando esto a nuestro caso, y a las múltiples relaciones entre los múltiples actores, podríamos decir que la acción política conjunta se puede establecer porque hay un núcleo común que compartimos entre los actores —quizá no uno entre todos, a lo mejor con matices entre cada uno, o directamente retazos de entendimiento en cada relación— y de alguna manera también respetamos lo que no comprendemos. Así, esta “alianza cosmopolítica múltiple” permite que se pueda actuar a partir de intereses comunes en pro de los intereses particulares, que redundan en ese bien común que se busca. Sin embargo, también ocurre que esa alianza se rompe o se debilita cuando fallan esos entendimientos o se ponen en peligro intereses.

Este planteamiento complejiza la idea de “un sujeto” con el cual colaboramos los académicos que es per se diferente a nosotros mismos, poniendo en tensión lo que une y lo que diferencia. Al mismo tiempo, cuestiona la idea de unos “saberes” estancos entre sí que entran en relación dentro de un marco dado, y mucho más, cuestiona el carácter “ontológico” de esos saberes y por tanto su inconmesurabilidad. Si las fronteras entre unos y entre otros son mucho más porosas y los límites se difuminan en la acción, lo mismo ocurre con sus formas de entendimiento y de significar sus actos. Partiendo de una idea construccionista de los significados y prácticas asociadas (Wolf, 1987; Roseberry, 1989), las historias en común han creado significados más o menos comunes; a partir de los propios de cada sujeto y su lugar en las relaciones. Estos significados comunes son los que permiten las alianzas —sean ontológicas o sólo políticas— que funcionarán en la medida en que pierdan su elemento jerárquico, lo cual es resultado de una actitud política por parte de todos los implicados. Esta actitud política de todas las partes es lo que permite que se rebasen las barreras entre campos de acción y se puedan aprovechar los elementos constitutivos de las ciencias sociales en actividades que en principio no le corresponden.

Cierre

Como he intentado mostrar a través de mi experiencia, hacer es un reto que merece la pena, pero cuya puesta en acción siempre conllevará dificultades y tensiones como las que he relatado a la par de los logros y avances, y que necesita una reflexividad constante. Buscar unas ciencias sociales comprometidas con su medio y coherentes con una visión del mundo sin jerarquías no debe hacernos olvidar la advertencia de Boaventura de Sousa: “El científico social no debe diluir su identidad en la de activista, pero tampoco construirla sin relación con el activismo” (Santos, 2003: 36). Estas palabras retan la idea de una sencilla trasposición de papeles, pues el trabajo como científico social tiene sus propios objetivos y mandatos, y desde ellos tiene sentido la actuación. Aunque esto ya lo han planteado otros autores (Hale, 2008; Rappaport, 2015, por ejemplo), la práctica de la investigación colaborativa y otras formas similares exige una vigilancia epistemológica continua para mantener una actitud crítica sobre qué es lo que nos hace estar ahí, lo que puede servir mantener ese papel.

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